La transición hacia la digitalización propone una serie de cambios a los inversionistas y gestores, para evitar riesgos tributarios.
La digitalización impactó fuertemente en la economía mundial, eliminando las fronteras al momento de realizar transacciones y ampliando el acceso a la gestión de las finanzas fuera del sistema tradicional, teniendo bajos costos. De allí, el concepto de democratización de la gestión de patrimonios.
En este escenario, los gobiernos, se encuentran con un nuevo panorama en el que deben enfrentarse a un entorno en el que las actividades económicas trascienden jurisdicciones. Y surgió la necesidad de la creación de políticas tributarias, diseñadas para capturar ingresos provenientes de activos digitales como son las criptomonedas y las que se obtienen de plataformas tecnológicas.
Las medidas tienen un impacto directo en las estrategias financieras y fiscales de individuos y familias de alto valor neto, quienes deben adaptarse a un sistema tributario en constante evolución, que se alinee con un escenario digital que tenga diversas innovaciones y cambios.
La digitalización de la economía y su impacto fiscal
Diversos sectores de mercados crecieron a gran escala de la mano de la digitalización, que trajo con sus innovaciones simplificación, automatización y globalización digital, facilitado la creación de riqueza en sectores como la tecnología, las finanzas y el entretenimiento
Sin embargo, respecto a los ingresos, los gobiernos se enfrentan a un nuevo escenario en el que deben hallar la forma que proponen de rastrear estas nuevas formas de ingresos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) impulsó iniciativas como el Marco Inclusivo sobre BEPS, que busca establecer normas internacionales para evitar la evasión fiscal, especialmente en actividades digitales, una cuestión que tiene poca regulación.
Entre sus medidas, se destaca la introducción de impuestos sobre servicios digitales, con la que se busca captar ingresos generados por empresas tecnológicas globales, pero su implementación también afecta indirectamente a individuos de grandes patrimonios, en su rentabilidad y valoración.
En esta línea, las nuevas políticas tributarias digitales plantean una reevaluación de las estrategias de planificación fiscal tradicionales. El uso de estructuras más sofisticadas, como fideicomisos internacionales y fondos de inversión especializados, que permiten diversificar riesgos y optimizar las obligaciones fiscales, son herramientas que se utilizan en este escenario.
No obstante, estos planes financieros están en constante inspección por parte de las autoridades, ya que la transparencia fiscal se convirtió en una prioridad global, a tal punto que diversas entidades le exigen a las instituciones financieras compartir información sobre las cuentas de sus clientes internacionales.
En este escenario, los asesores fiscales y financieros ocupan un papel de suma importancia al ser los reguladores tanto en la gestión de bienes como en la identificación de oportunidades y para identificar riesgos regulatorios. Lo cierto es que la transición hacia un marco tributario digital se trata de un gran cambio en la forma en que los grandes patrimonios gestionan sus finanzas. Si bien estas políticas plantean desafíos en términos de cumplimiento y planificación, también ofrecen oportunidades para innovar y adaptarse a un entorno en constante evolución.